Decreto 78 APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y CREA CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

APRUEBA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y CREA CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO URBANO

     

    Santiago, 15 de octubre de 2013.- Hoy se decretó lo que sigue:

    Núm. 78.- Visto: Los artículos 24 inciso primero y 32 Nº 6 de la Constitución Política de la República; los artículos 3º inciso primero y 22º incisos primero y segundo de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el artículo 27º del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones; el artículo 12, letra a) del decreto ley Nº 1.305, de 1975, que Reestructura y Regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano, contenida en el Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial, de fecha 30 de septiembre de 2013, y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, y

    Teniendo presente: Que a través de los distintos Ministerios con competencia en materias urbanas y territoriales, el Gobierno ha implementado numerosas iniciativas en materia de urbanismo, desarrollo territorial - obras urbanas, vivienda, y edificación pública, orientadas a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que habitan el país, entre las que cabe destacar:

     

    I. En Materia de Urbanismo

     

    Durante este período presidencial, al igual como en anteriores, ha existido una gran preocupación en materia de urbanismo. No siendo de extrañar la inquietud planteada en torno a la necesidad de contar con una Política Nacional de Desarrollo Urbano que oriente el actuar de las autoridades tanto actuales como por venir, en esta materia. Así, este Gobierno ha estimado de rigor enfatizar en el urbanismo, entendiendo este término no sólo desde su  perspectiva propia, esta es, la urbanística (que deriva de la palabra latina "urbs", "ciudad"), sino también desde un perspectiva más amplia, que tiende a la ordenación integral del  territorio, prisma bajo el cual se distingue como la ciencia de la ordenación de las ciudades y del territorio, siendo su objeto principal la planificación de las mismas (esto es "la planeación urbana", término introducido por Hipodamo de Mileto, considerado el padre del urbanismo), los estudios sobre el fenómeno urbano, la acción de urbanización y la organización de la ciudad y del territorio.

    Esta perspectiva superior constituye hoy por hoy una disciplina de un objetivo más amplio y ambicioso, que reúne una suma de conocimientos sustanciales, relacionados no sólo con la planificación, construcción y conservación de las ciudades, sino con el estudio de sus relaciones socio-económicas-ambientales, que se dan a diario dentro del fenómeno urbano.

    Lo anterior, por cuanto el urbanismo apunta al bienestar de la población, residente o de paso, en la ciudad o territorio que constituye el objeto último de la urbanización, término acuñado por el gran urbanista español Ildefonso Cerdá, quien señalaba:  "He aquí las razones filológicas que me indujeron y decidieron a aportar la palabra urbanización, no sólo para indicar cualquier acto que tienda a agrupar la edificación y a regularizar su funcionamiento en el grupo ya formado, sino también el conjunto de principios, doctrinas y reglas que deben aplicarse, para que la edificación y su agrupamiento, lejos de comprimir, desvirtuar y corromper las facultades físicas, morales e intelectuales del hombre social, sirvan tanto para fomentar su desarrollo y vigor como para aumentar el bienestar individual, cuya suma forma la felicidad pública.", según expone Javier García-Bellido, Dr. arquitecto y urbanista, en su obra "Ildefonso Cerdá y el Nacimiento de la Urbanística" (Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Nº 61, de 01.04.2000, Universidad de Barcelona.),

    Es en esta virtud que el Gobierno ha encargado una Política Nacional de Desarrollo Urbano, que por este acto se aprueba, y ha gestionado, fortificado y creado diversas acciones y herramientas a fin de lograr un mejor desarrollo de nuestras ciudades, enfatizando tanto el desarrollo sustentable de las mismas con las políticas aplicadas a su favor, como el papel que juega el individuo y la comunidad dentro de ellas, velando por su bienestar.

    En este contexto y en cuanto a agenda normativa se refiere, se han gestionado por parte del Ejecutivo diversos proyectos de ley con miras a actualizar, reforzar y mejorar la implementación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, dentro del campo que le es propio; esto es, con marcado énfasis en lo que a materia de urbanismo propiamente tal se refiere. Ejemplo de ello es el Proyecto de Ley de Aportes al Espacio Público (Mensaje Nº 090-360, de 3 de agosto de 2012, Boletín 8493-14), que se encuentra en segundo trámite constitucional ante el Senado, ya aprobado por la Cámara de Diputados, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades chilenas, estableciendo que todos los proyectos de densificación deben aportar al mejoramiento del espacio público cercano, junto con establecer obligaciones de urbanización especiales en materia de conectividad de éstos con la red vial existente. Asimismo, se destaca el Proyecto de Ley sobre Declaratorias de Utilidad Pública en los Planes Reguladores (Mensaje Nº 003-361, de 11 de marzo de 2013, Boletín 8828-14), también en segundo trámite constitucional ante el Senado, ingresado al Congreso en marzo del presente año y ya aprobado por la Cámara de Diputados, que permitirá planificar a largo plazo el desarrollo de nuestras ciudades, equilibrando el bien común con los derechos individuales y corrigiendo la situación de indefensión en que han quedado las áreas verdes y espacios públicos nacionales.

    Asimismo, se aprobó la ley Nº 20.443 que aplica un procedimiento de demandas colectivas a juicio por daños o perjuicios en la calidad de las construcciones, lo que sin lugar a dudas reviste una gran importancia en un país proclive a los desastres naturales como es el caso nuestro. A su vez la ley Nº 20.563, permite Regularizar la Construcción Bienes Raíces destinados a Microempresas y Equipamiento Social, con lo cual se logra un directo beneficio a las microempresas. Por su parte, y mediante la dictación de la ley Nº 20.582, se establecieron Normas para favorecer la Reconstrucción, y finalmente el presente año, en virtud de la ley Nº 671, se Renueva y Modifica el Procedimiento Regularización de Ampliaciones de Viviendas Sociales contemplado en la otrora ley Nº 20.251 ya caduca.

    Conjuntamente con lo anteriormente señalado, se han llevado a cabo diversas modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, contenida en el DS Nº 47 (V. y U.), de 1992, a través del DS Nº 141 (V. y U.), de 2010, que establece normas especiales y procedimientos simplificados para construcciones en zonas declaradas afectadas por catástrofe, complementada por aquella del DS Nº 2 (V. y U.), de 2011. Otras como la contenida en el DS Nº 9 (V. y U.), también del año 2011, que modifica los artículos 2.1.7 y 2.1.17, de dicha Ordenanza e incorpora el término tsunami dentro de aquellos asociados a áreas de riesgo y por último la regulada por el DS Nº 25 (V. y U.), de 2012, sobre Estacionamientos y Agrupación de las Edificaciones.

    Por su parte, en el mes de febrero de este año, y a través de la elaboración del Reglamento sobre Movilidad Urbana, contenido en el DS 10 (V. y U.), de 2013, en actual tramitación, se incorpora dicho concepto en nuestra normativa urbanística, con especial énfasis en el uso compartido del espacio público, integrando las distintas formas de desplazamiento dentro de la ciudad, valorizando al peatón y a los medios de transporte no motorizados.

    Asimismo, en el mes marzo de 2013, con la dictación del Reglamento sobre Áreas de Riesgo en las Áreas Urbanas, contenido en el DS Nº 25 (V. y U.), de 2013, se refuerzan los instrumentos de planificación territorial en esta materia, entregando nuevas herramientas con dicha finalidad. En complemento de estos reglamentos, el Ministerio de Obras Públicas se encuentra preparando una guía de criterios para la protección de quebradas y cauces en las áreas urbanas. De igual forma, mediante el DS Nº 60 (V. y U.), de 2013, en actual tramitación, se aprueba el Reglamento sobre Accesibilidad Universal al Espacio Público, que también establece exigencias tanto para los edificios públicos como para las viviendas adquiridas con subsidio, destinadas a personas con discapacidad. Esta norma viene a plasmar una política integral del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en materia de discapacidad, recogida en los distintos programas habitacionales que, en síntesis, aumentan el subsidio y establecen cuadros normativos especiales, política que se ve reforzada con las normas contenidas en numerosos artículos del referido DS Nº 47, dando así cumplimiento a lo mandatado por los artículos 28, 29 y 31 de la ley Nº 20.422, que establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Cabe agregar a lo anterior el Reglamento sobre Emplazamiento de Antenas de Telecomunicaciones, confeccionado en agosto de 2013 mediante DS Nº 62 (V. y U.), en actual tramitación, que incorpora disposiciones para la implementación de la reciente ley Nº 20.599, que regula la Instalación de Antenas Emisoras y Transmisoras de Servicios de Telecomunicaciones, orientada a obtener una mejor relación urbanística entre tales instalaciones y los distintos barrios; asimismo, y relacionado con esta materia, con fecha 30 de noviembre de 2012, mediante resolución exenta Nº 9.741, el Minvu aprobó el Catálogo o Nómina de Diseños de Torres Soporte de Antenas y Sistemas Radiantes de Transmisión de Telecomunicaciones.

    Con lo expuesto precedentemente se puede observar cómo se ha avanzado con respecto de la regulación de estacionamientos, en la tramitación de la normativa sobre calidad de la construcción, accesibilidad universal y reconstrucción; iniciándose, además, la elaboración de propuestas en materia de antenas y bicicletas. Todas estas iniciativas se enmarcan en la idea de actualizar nuestras normas para ir construyendo ciudades más seguras y en las que convivamos de mejor manera todos quienes habitamos en ella. Iniciativas que responden a necesidades que deben ser reflejo de los principios contenidos en una Política Nacional de Desarrollo Urbano.

    Producto del énfasis e interés demostrado por el Gobierno en materia de abordar el déficit existente de áreas verdes a nivel nacional, ha sido creado en agosto de 2013, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Programa Permanente de Conservación de Parques Urbanos, contenido en el DS Nº 69 (V. y U.), de septiembre de 2013, con el objetivo de aumentar las áreas verdes públicas de nuestras ciudades. Lo anterior permitirá mantener una red nacional de parques urbanos que se proyecta alcanzará el año 2017 a 44 parques a nivel nacional junto con considerar, al menos, la mantención de un parque por cada región. Dicha labor la debemos relacionar con la construcción de nuevos parques, por parte de Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En la actualidad existen 42 nuevos parques en ejecución y en los últimos 4 años se han entregado 31 nuevos parques al uso público, ejemplo de ello son el Parque Corvalán en la comuna de Padre Las Casas, de la Región de la Araucanía y el Parque Bicentenario de la Infancia en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana. A la anterior iniciativa debe agregarse la del Plan de Arborización para Chile, a cargo del Ministerio de Agricultura a través de la Corporación Nacional Forestal - Conaf, basado en el Programa Un Chileno Un Árbol, con metas por región y organizado en base a convenios entre Conaf, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y distintas entidades, tanto públicas como privadas, programa que, hasta la fecha, ha entregado 9.200.000 árboles.

    Cabe, asimismo, destacar que se han desarrollado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo 138 Planes Maestros, que se dividen en 111 Planes de Regeneración Urbana (PRU) y 27 Planes de Reconstrucción Estratégico Sustentables (PRES), en conjunto con el estudio de un Programa Nacional de Asistencia Financiera para la elaboración de dichos planes en distintas ciudades del país, a fin de generar instrumentos de gestión urbana de nivel local asociados a un plan concreto de obras para cada comuna. A ello debe agregarse la implementación de Planes Maestros de Ciclovías, en las ciudades de mayor tamaño, a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que incluye proyectos que involucran 600 km de ciclovías y ciclobandas, encontrándose a la fecha terminados los estudios para 139 km de ciclovías en doce ciudades, como también la formulación del Proceso Integral de Proyectos de Vialidad Urbana, por parte del Ministerio de Obras Públicas, que incorpora el enfoque urbanístico desde el inicio de los proyectos.

    Es importante destacar la realización de 52 Estudios de Riesgo considerados para el proceso de reconstrucción. Al mes de diciembre de 2012 se han terminado 51 estudios en las seis regiones afectadas por la catástrofe del 27/F, estudios que han sido entregados a las respectivas Municipalidades para la tramitación, revisión y posterior aprobación de sus planes reguladores comunales en función de los riesgos determinados. A la fecha estos estudios han permitido aprobar la modificación de ocho instrumentos de planificación territorial, correspondientes a los planes reguladores comunales de las localidades de Pelluhue, Tirúa-Quidico, Carahue, Gorbea, Renaico-Tijeral, Toltén-Queule-Villa O'Higgins, Pitrufquén y CoIlipulli-Mininco.

    Como consecuencia directa de lo expuesto, podemos señalar también los avances en la labor desplegada por el Minvu en materia de Instrumentos de Planificación y Gestión Urbana y en el marco del programa para apoyar a los municipios en la elaboración y actualización de sus planes reguladores, ya sea para anticiparse y orientar su crecimiento y desarrollo o para resolver conflictos urbanos y atender situaciones no consideradas al momento de elaborar el instrumento. En el año 2012 se iniciaron 44 estudios, de los cuales 20 están terminados, con una inversión total de 1.135 millones de pesos. Así, desde 2010 a la fecha, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha concluido la elaboración de 56 iniciativas y dentro de los instrumentos que se encuentran en trámite de aprobación, se destacan los planes reguladores comunales de Ovalle y Punta Arenas, y en el ámbito intercomunal los correspondientes a Cachapoal Poniente y Tinguiririca, como parte de la iniciativa de impulsar la elaboración de nuevos instrumentos de gestión territorial, luego del terremoto y maremoto de 2010.

    Debido a los buenos resultados obtenidos y aprovechando la experiencia adquirida, a partir del año 2012, se incorporó como parte de la acción regular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo un Programa de nuevos Planes Urbanos Estratégicos (PUE), potenciando y recuperando la capacidad de transformación urbana de los territorios analizados, con proyectos realizables en el corto y mediano plazo, atendiendo los déficits urbanos y con mejoras en los estándares de calidad del espacio público. Una vez realizados, cada localidad objeto de estudio contará con una cartera de proyectos estratégicos a diez años, acordada con la comunidad, en coordinación con los distintos niveles de la administración del territorio. El pasado año se terminaron diez planes, entre los que se destacan los correspondientes a las localidades de Mejillones y Vicuña, con proyectos detonantes programados para su ejecución durante 2013. A esta fecha ya hay cuarenta y un planes en desarrollo y se prepara la licitación para otros veinte.

    Por otro lado, se ha buscado el reforzamiento institucional de la gestión de Obras Urbanas, mediante la dictación en marzo de 2013 de los DS Nº 21 y DS Nº 22 (V. y U.), que reforman la estructura orgánica de las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda y Urbanismo y de los Servicios de Vivienda y Urbanización y se crean unidades específicamente dirigidas a la gestión de los proyectos de los programas de obras urbanas.

    Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas ha procedido al Estudio Análisis de Brechas de Infraestructura Urbana, que alimentará el Plan Director de Infraestructura y que comprende un diagnóstico y prospección al año 2030 para 11 ciudades chilenas, que permitirá detectar las necesidades de infraestructura. De igual manera, contribuye el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones con la formulación del Estudio de Mecanismos de Regulación de Demanda de Transporte Privado, que posibilitará reforzar la utilización del transporte público y desincentivar el uso del automóvil en situaciones de congestión, junto con la gestión de tránsito en áreas específicas de la ciudad.

    Debe destacarse de Igual forma la materialización de "Proyectos de Ciudad", algunos de los cuales no podían concretarse hace más de diez años. Entre los proyectos desarrollados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se destacan: Nudo Vial Tucapel-Luis Valente (Arica), Parque Parapente (Iquique), Parque Kaukari (Copiapó), Av. Alessandri y Vía PIV (Viña del Mar-Valparaíso), Mapocho 42K (Santiago), Plan Maestro Eje Bulnes (Santiago), Parque Cordillera (Rancagua), Parque Fluvial de Constitución (Maule), Parque Lo Galindo (Concepción), Puente Treng-treng-kai-kai (Temuco), Parque Hott (Osorno), Av. Presidente Ibáñez (Puerto Montt), Restauración Plaza Ciudadana de Puerto Aysén (Puerto Aysén) y Mejoramiento Paseo Colón (Punta Arenas).

    A los ya señalados se suman los proyectos a cargo del Ministerio de Obras Públicas, entre los que se destacan: ampliación de la Costanera de Puerto Montt, ampliación de la Ruta Cerrillos Lonquén (Ruta G-30-46), Costanera del sector Cerro Verde de Penco, nuevo tramo del Paseo sector La Poza de Pucón, Parque inundable D'Agostini en Punta Arenas, Parque La Aguada, que involucra las comunas de Santiago, San Miguel, Pedro Aguirre Cerda y San Joaquín, el Parque Renato Poblete al costado del río Mapocho de Santiago, en plena construcción, el Plan Centro Oriente de Santiago, el proyecto para la conexión vial Ruta 78 hasta Ruta 68, el proyecto Teleférico Bicentenario, entre Huechuraba y la Estación Metro Tobalaba en Santiago, el proyecto Américo Vespucio Oriente, entre El Salto y Príncipe de Gales en Santiago, y el proyecto emblemático del Eje Bulnes, en el corazón de la capital, que abarca desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza Almagro e incluye los nuevos edificios Moneda Bicentenario y Cocheras, junto con un completo mejoramiento de fachadas y nuevos pavimentos de las vías y plazas que conforman la Caja Cívica, en el cual también interviene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

    De gran importancia es la Ampliación de la Red de Metro de Santiago, a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que en el período 2011 - 2017 permitirá pasar de 95 a 140 kilómetros de red, aumentando ésta en un 47% (incluye la construcción de las Líneas 3 y 6), beneficiando de esta manera a catorce comunas, seis de ellas nuevas (Maipú, Huechuraba, Conchalí, Independencia, Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda).

    Se ha considerado la reconstrucción de caletas pesqueras, por parte del Ministerio de Obras Públicas, con nueva infraestructura y equipamiento; entre ellas, caleta de Lo Rojas (Coronel), Lota, Llico (Arauco) y Tumbes (Talcahuano).

    Por último el Programa de trenes de cercanía, a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para convertirlos en una alternativa efectiva interurbana, especialmente en las áreas metropolitanas. Incluye los proyectos Rancagua Express, Melipilla Express y Biotrén, a Coronel.

     

    II. En Materia de Desarrollo Territorial - Obras Urbanas

     

    Valga para este punto lo señalado precedentemente en materia de urbanismo, desde el momento que el urbanismo mirado desde una perspectiva amplia ha tendido a incluir el desarrollo del territorio en su totalidad, incluyendo así una serie de factores, tales como socio-económicos, culturales, morfológicos y paisajísticos, que han moldeado nuestra identidad e idiosincrasia nacional, entendiendo de esta manera, que así como el individuo no está solo en el mundo que lo rodea, la ciudad se convierte en su continente y ésta a su vez, forma parte de un grupo de ciudades, provincias, regiones; en fin, de una nación, y como tal el Gobierno ha desarrollado de igual manera una batería de herramientas y adoptado una serie de decisiones a fin de lograr la consecución de su desarrollo y una mejora en el bienestar público de sus habitantes, siendo patente la necesidad de contar con una Política Nacional de Desarrollo Urbano.

    Dentro de estas iniciativas cabe mencionar el Programa de Infraestructura de Datos Espaciales, IDE - Chile, a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, sistema de información territorial con soporte en internet, de acceso libre y universal, que integra toda la información territorial de base y normativa generada por 12 Ministerios y 20 Servicios del Estado.

    Asimismo, se destaca el Proyecto de Ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas, ingresado al Congreso en julio de 2012 (Mensaje Nº 002-360, de fecha 31 de julio de 2012, Boletín 8467-12), que traspasa la administración de concesiones del borde costero desde el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Bienes Nacionales, en concordancia con la Política Nacional de Borde Costero.

    Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas ha iniciado el año 2012 la Elaboración de una Política de Servicios de Infraestructura de Borde Costero, y que se espera finalizará el presente año, con el objetivo de lograr un desarrollo sustentable del Borde Costero, facilitando el acceso de los ciudadanos a los recursos naturales y paisajísticos.

    A su vez, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se ha abocado a la gestación de una Política Nacional de Transportes, que busca establecer objetivos y líneas de acción para los sistemas de transporte, tanto urbano como interurbano y rural, incluyendo el concepto de movilidad urbana, la interrelación entre los distintos sistemas y la planificación de infraestructura. Asimismo, ha formulado Planes Maestros de Transporte, que integran, coordinan y priorizan las inversiones en conectividad y sistemas de transporte.

    Es necesario destacar la formulación de una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que comprende los siguientes 5 ejes: gestión eficiente y sustentable, fortalecer la institucionalidad, enfrentar la escasez y equidad e información ciudadana, como asimismo la elaboración del Plan de Gestión del Recurso Hídrico, que incluye el término de la presa del Embalse Ancoa en la Región del Maule, los canales del Embalse El Bato en la Región de Coquimbo, y avances en la construcción del Embalse Chacarillas en Putaendo, primer gran embalse de riego en la Región de Valparaíso, red de canales de riego en Comuy, Valle de Toltén, Región de la Araucanía, obras de control aluvional en las quebradas de Taltal y Tocopilla, Región de Antofagasta, defensas fluviales del río Andalién de Concepción y del río San Pedro, en Antilhue, Región de Los Ríos, y obras de colectores de aguas lluvia en Temuco, Vallenar, Valdivia, Ovalle, Linares y comuna de Conchalí en Santiago.

    De igual forma es preciso resaltar la gestión llevada a cabo por el Ministerio de Obras Públicas en torno a la Reconstrucción de Vialidad y Puentes, recuperando el 99% de la operatividad dañada por el terremoto del 27/F. Como asimismo el Programa de Obras de Conectividad Territorial, que involucra 660 proyectos en ejecución en todo el país, incluyendo el Plan de Conectividad Austral, que por sí solo comprende 32 proyectos, más de 1.000 km de caminos básicos en territorios indígenas, caminos internacionales, como la ruta Huara - Colchane, la ruta Arica - Tambo Quemado, el Paso San Francisco en la Región de Atacama, el Paso Agua Negra en la Región de Coquimbo, el Paso Pehuenche en la Región del Maule y el Paso San Sebastián en la Región de Magallanes. A lo anterior se suma el llamado a licitación ya efectuado para el Puente Canal de Chacao, que por primera vez unirá físicamente el continente con la Isla Grande de Chiloé. A estos se suman las licitaciones de la ruta Camino a Farellones (Ruta G-21), del nuevo Puente Industrial sobre el río Biobío en Concepción, y del nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores, Región de Valparaíso.     

    También a cargo del MOP figuran aquellos programas que tienden a mejorar la conectividad nacional y su infraestructura. Materia que ha sido abordada, mediante el Programa de Construcción, Ampliación, y Administración de Aeropuertos, que incluye el nuevo aeródromo Mocopulli de Chiloé, la ampliación de instalaciones de los aeropuertos de Balmaceda, Las Marías de Valdivia, Chaitén, El Loa en Calama, y Caleta María en Cabo de Horno, Puerto Natales, además del plan maestro para la ampliación y mejoramiento de aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago y, mediante Programa de Conectividad Marítima, se busca la construcción y ampliación de puertos, que incluye los terminales portuarios de Puerto Fuy, Puerto Pirihueico, Canal de Chacao y Dalcahue, en la Región de Los Ríos, de Maldonado en el Lago Tagua Tagua, de Caleta Gonzalo y Fiordo Largo en la Ruta Austral (Ruta 7) y de Puerto Yungay en la Región de Aysén.

     

    III. En Materia de Vivienda

     

    Si bien se continúa proporcionando atención a la población mediante los programas de subsidio habitacional existentes, se han generado diversas y variadas herramientas dirigidas a la atención de sectores de la población con distintas carencias y que se estima requieren de la asistencia del Estado, en menor o mayor grado, innovando en la materia.

    Como consecuencia del análisis y nuevo enfoque del Gobierno, se implementó una nueva Política Habitacional, innovándose en materia de subsidios, por cuanto, junto con detectar la carencia de ayuda dirigida a las familias emergentes y de clase media, se optó por brindarles una atención continua. Así, en junio de 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el DS Nº 1, dio creación al Programa denominado Sistema Integrado de Subsidio Habitacional, logrando dar cobertura al 80% de las familias del país mediante un subsidio gradual, adecuado a la real necesidad de cada postulante, destacándose éste por establecer un sistema flexible que les permita a sus beneficiarios adquirir viviendas nuevas o usadas, o bien su construcción en un sitio de su propiedad. Respecto de los sectores vulnerables, la atención persiste a través del DS Nº 49 (V. y U.), de 2011, que entrara en vigencia en abril de 2012, y regula el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, segundo pilar de la Política Habitacional, que da una nueva mirada al problema habitacional. Este Programa dentro de sus principales innovaciones permite la obtención del subsidio habitacional sin proyecto asociado, aspecto que posibilita a las familias elegir la vivienda y el lugar donde desean vivir sin quedar circunscritas a la oferta que puedan proporcionarles las Entidades Patrocinantes. Consecuente con lo anterior, en noviembre de 2012 y enero de 2013, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo efectuó llamados piloto para Proyectos de Integración Social Urbana, que podrían servir de base a un nuevo programa con dicho objetivo. Por otro lado, se ha ampliado y reforzado el Programa de Recuperación de Barrios, regulado por DS Nº 14 (V. y U.), de 2007, con la entrega de financiamiento permanente y mejora de la focalización a través del establecimiento de las zonas prioritarias de intervención social. Es así como mediante tal ampliación se han acogido a nivel nacional a distintos barrios, destacándose entre ellos barrios emblemáticos ubicados en la Región Metropolitana, como es el caso de La Cañamera, en el sector Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto, y La Legua en la comuna de San Joaquín.

    Otro aspecto a destacar ha sido la formulación de variados programas dirigidos a atender diversas y urgentes necesidades, derivadas del terremoto y posterior tsunami que azotara y afectara seriamente a seis regiones del país el 27 de febrero de 2010. Así, mediante los Programas de "Vivienda Tipo", "Autoconstrucción Asistida" y "Banco de Materiales", implementados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a consecuencia de dicha catástrofe, se orienta la atención a familias damnificadas, dando un fuerte énfasis en la mantención del arraigo, principio orientador entregado por el Gobierno y que apuntó a generar un proceso centrado en la dignidad de las personas y en la libertad de elección de las mismas, respetando el vínculo o apego de las familias a su territorio. Así, se reconstruyó la mayor parte de las viviendas destruidas en el mismo lugar donde se encontraban emplazadas, manteniendo las redes sociales, y regenerando así los barrios deteriorados por el terremoto. Esto conllevó un esfuerzo importante para entregar soluciones individuales, innovando en los mecanismos de asignación de subsidios para que las familias pudieran elegir modalidades que luego fueron recogidas por la política regular.

    Asimismo, otro foco al cual la Nueva Política Habitacional ha dado énfasis ha sido la necesidad de terminar con la existencia de personas habitando aldeas y campamentos con mínimas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y dignidad. Para ello se consolidó el año 2011 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo el Programa Aldeas y Campamentos, que actualmente interviene cerca de 764 asentamientos, los que se espera reducir a 554 a final del presente año.

    A su vez, a través del Programa de actuación "Segunda Oportunidad", elaborado el mes de septiembre de 2012, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo -según da cuenta la resolución exenta Nº 7.663- se obtuvo un diagnóstico que identificó los problemas habitacionales asociados a la mala calidad constructiva de las edificaciones; el hacinamiento existente y por tanto las intervenciones irregulares para la ampliación de las viviendas y el deterioro generalizado de bienes y espacios comunes que, por falta de mantención, se transforman en focos de inseguridad. Detectando también los problemas urbanos de estas zonas, vinculados a su emplazamiento en sectores periféricos, sin un adecuado acceso a fuentes laborales, servicios, equipamiento y áreas verdes. Elementos que permitieron construir una iniciativa de intervención que posibilitará a las familias tener la movilidad necesaria para mejorar su calidad de vida. Propuesta cuyos principios se centraron en abordar de manera integral la problemática habitacional y urbana y establecer la incorporación voluntaria de las familias al programa. De esta forma las familias residentes en conjuntos en altura, en estado de deterioro y localizados en sectores con escasa dotación de infraestructura urbana, podrán abandonar los denominados "guetos" urbanos y acceder a una vivienda de mejor calidad y localización que les permita formar parte del entorno urbano, ya no como parte de ese grupo marginado, sino como parte de la comunidad toda, constituyendo una entidad colaborativa de la misma.

    Como herramienta de ejecución del programa, que se distingue por ser un programa de actuación, se realizaran llamados a postular para conjuntos de departamentos ubicados en zonas priorizadas, y dentro de éstos se entregará el beneficio de una segunda oportunidad para familias que requieran resolver el problema de movilidad habitacional, accediendo a una nueva solución habitacional de estándares actuales.

    Por otra parte, el Minvu desarrolló el Sistema de Calificación Energética de Viviendas, aprobado mediante resolución exenta Nº 1.798 (V. y U.), de febrero de 2012, que será complementado con la creación de un Programa de Certificación Energética de Viviendas, un Manual y un Sello Especial, que buscan orientar a los compradores en el acceso a beneficios del Estado cuando se trate de viviendas con financiamiento estatal.

    Con el nuevo Programa de Mejoramiento de Viviendas y Entorno, elaborado en el mes de marzo de 2013 y contenido en el DS Nº 24 (V. y U.), en actual tramitación, se persigue aumentar el monto del subsidio a fin de lograr una recuperación integral de viviendas en mal estado, lo que permitirá a las familias seguir residiendo en su barrio y con ello evitar el desarraigo. Asimismo, con la ampliación de las viviendas existentes se busca a través de este Programa homologarlas, en cuanto a tamaño, a los actuales estándares de la política habitacional, permitiendo a su vez financiar con un monto adicional de subsidio la ampliación de la vivienda de aquellas familias que acogen a sus padres en edad avanzada. También se contempla invertir en infraestructura barrial (luminarias, sedes sociales, plazas y equipamientos deportivos, entre otros) mejorando el entorno urbano de los conjuntos, incorporar nuevas tecnologías e innovaciones energéticas y medioambientales, tales como colectores solares, paneles fotovoltaicos y acondicionamiento térmico, y simplificar la atención a los condominios de viviendas sociales para la ejecución de proyectos en los bienes comunes edificados y no edificados.

    Es importante resaltar la creación del Programa de Subsidio de Arriendo, contenido en el DS Nº 52 (V. y U.), de junio de 2013, orientado a familias jóvenes vulnerables, el que permitirá arrendar una vivienda en sectores céntricos o consolidados de la ciudad, con cercanía a servicios y equipamiento, o cerca de su lugar de trabajo, esperando lograr con ello un aumento y mejoramiento temprano de sus condiciones de desarrollo.

    Asimismo, se han gestionado por parte del Ejecutivo diversos proyectos de ley con miras a actualizar, mejorar y fortalecer la implementación de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con una incidencia clara en lo que a materia de vivienda se refiere. Ejemplo de ello es la Ley sobre Calidad de la Construcción (Mensaje Nº 312-359, de fecha 2 de enero de 2012, Boletín 8139-14), encontrándose en trámite de promulgación, que mejora la supervisión de las construcciones a través de profesionales especialistas, mediante la creación de los Registros Nacionales de Inspectores Técnicos de Obra (ITO) y de Revisores de Proyectos de Cálculo Estructural, fija las responsabilidades específicas que competen a todos los profesionales que participan en una obra a fin de garantizar la calidad de las construcciones y permite agilizar la tramitación de proyectos ante las Direcciones de Obras Municipales.

    Otro proyecto de ley promovido por el Ejecutivo es aquél que modifica la ley Nº 17.635 (Mensaje Nº 021-361, de fecha 20 de marzo de 2013, Boletín 9018-14), aprobado en general por la Honorable Cámara de Diputados y que establece normas sobre cobro ejecutivo de créditos para la vivienda que allí se indican, y que permitirá al Estado recuperar aquellas viviendas sociales que no están siendo destinadas a la habitación por parte de sus beneficiarios o aquellas que han sido adquiridas mediante la obtención fraudulenta de subsidios y reasignarlas a familias realmente vulnerables.

    De igual forma, existen otros proyectos iniciados por moción Parlamentaria, como es el caso del Proyecto de Ley sobre Copropiedad Inmobiliaria y Condominios Sociales, (de fecha 12 de abril de 2012 -Boletín 8232-14), que se encuentra en segundo trámite constitucional ante el Senado, en el cual, luego de un trabajo conjunto, el Ejecutivo presentó indicaciones tendientes a facilitar la organización y administración de dichos condominios, lo que posibilitará la postulación de propietarios a las distintas modalidades del Programas de Mejoramiento de las Viviendas y su Entorno, como por ejemplo a la ampliación de edificios. En complemento, dicha iniciativa plantea reconocer legalmente a los proyectos de integración social urbana, lo que permitirá formular planes específicos para incentivar su construcción en lugares con adecuada dotación de infraestructura pública. En definitiva, busca favorecer la organización de la comunidad como asimismo promover con ello el mejoramiento de las condiciones de vida de los vecinos, a través de la elaboración e implementación de proyectos de ampliación y reparación.

    Por otra parte, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización-Serviu, al actuar este último directamente como Entidad Patrocinante, se ha podido brindar una mayor participación directa del Estado en la adquisición y gestión de terrenos, y apoyo a la materialización de proyectos habitacionales. Lo que ha permitido desarrollar proyectos en zonas con buena localización y acceso a servicios, generando barrios diversos, integrados e inclusivos.

    Otra herramienta de gran importancia para la ciudadanía ha sido la creación en los meses de mayo y julio de 2012, respectivamente, por el Minvu del "Portal Inmobiliario" y del Sistema de Postulación en Línea, permitiendo acceder a distancia a toda la información sobre proyectos de viviendas con beneficios del Estado, a los requisitos de postulación y a la postulación misma, a través de medios electrónicos que persiguen evitar las largas filas y burocracia normalmente asociada a estos trámites.

    Es preciso destacar que como consecuencia de esta gran tarea asumida por el Gobierno, en materia habitacional, en el período 2010-2014 ha sido posible la entrega de más de 750.000 soluciones habitacionales, aumentando notoriamente el ritmo que históricamente existía en esta materia, lo que permitirá que en el mediano plazo se pueda eliminar el déficit habitacional.

     

    IV. En Materia de Edificación Pública

     

    El Gobierno ha desarrollado una serie de proyectos tendientes a mejorar el entorno, dignificando la ciudad y como consecuencia, a los ciudadanos que la habitamos, para relevar las potencialidades de nuestras ciudades, y rescatar y preservar su patrimonio, de manera de aportar con ello a fortificar nuestra memoria e identidad históricas -aspecto fundamental- a ser considerado por una Política Nacional de Desarrollo Urbano, lo que plantea nuevamente la necesidad de contar con un instrumento territorial de este nivel.

    Así se ha procedido al Mejoramiento del marco institucional de la Dirección de Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas, de manera de reforzar su labor en materia de protección de inmuebles y lugares patrimoniales, de inserción urbana y territorial de los proyectos de obras de edificación pública, de incorporar mecanismos de participación ciudadana en la etapa temprana de los proyectos, y de incorporar criterios de eficiencia energética tanto en proyectos de infraestructura como en edificaciones públicas.

    De igual forma se ha acometido el Mejoramiento y aumento de capacidad de la red de Hospitales en todo el país, a cargo del Ministerio de Obras Públicas, a través de la materialización del plan de construcción, ampliación y administración de los hospitales de Maipú y La Florida, en Santiago.

    Lo anterior se complementa con el avance de proyectos y bases de licitación para nuevos hospitales, como la construcción, mantenimiento y explotación de servicios no clínicos, de la red de Hospitales de Curicó, Linares y Chillan; el mejoramiento del Hospital Dr. Sótero del Río en la Región Metropolitana, la reconstrucción del Hospital Santiago Occidente, antes llamado Félix Bulnes; la construcción, mantención y explotación de servicios no clínicos para el Hospital Salvador Geriátrico de Santiago, la construcción del hospital bi-provincial Quillota - Petorca y del Hospital Marga - Marga, en la Región de Valparaíso.

    Dentro de estas iniciativas cabe destacar el Plan de Conservación y Mejoramiento de Inmuebles Patrimoniales, del Ministerio de Obras Públicas, que incluye las obras de conservación del Fuerte San Miguel de Agüi en Ancud; el mejoramiento integral del Mausoleo Gabriela Mistral en Montegrande; la restauración del Teatro Pompeya y su entorno en Villa Alemana; la restauración del Museo y la Iglesia San José del Carmen, en El Huique, Región de O'Higgins, y la restauración del Palacio Braun Menéndez en la Región de Magallanes.

    Mención aparte merece el desarrollo del Proyecto Eje Bulnes - Barrio Cívico, con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas, de Vivienda y Urbanismo, de Transportes y Telecomunicaciones, y de la Ilustre Municipalidad de Santiago, constituyendo un proyecto emblemático, que abarca desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza Almagro, e incluye los nuevos edificios Moneda Bicentenario y Cocheras, junto con un completo mejoramiento, hermoseamiento y recuperación de las fachadas de sus edificios, y nuevos pavimentos de las vías y plazas que conforman la Caja Cívica. Este proyecto urbano es obra del arquitecto Carlos Vera Mandujano, aprobado el año 1937, quien se inspiró en la propuesta del urbanista austriaco Karl Brunner. Este barrio se encuentra ubicado en el corazón de la comuna de Santiago, por su connotación funcional y trazado urbano, basado en los planteamientos del Movimiento Moderno, representa uno de los espacios públicos más importantes en la historia arquitectónica, política y pública de Chile, el que goza de la especial protección por haber sido declarada Zona Típica, mediante el DS Nº 462 (Mineduc), de 2008, fijando 3 Subsectores, siendo el que nos ocupa aquel "constituido por la Plaza de la Constitución, el Palacio de La Moneda y la actual Plaza de la Ciudadanía. Los edificios que conforman este sector, en su mayoría ministeriales, constituyen la Caja Cívica, el espacio urbano de mayor importancia dentro de la ciudad y entorno del Palacio de La Moneda, realzando la institucionalidad del Estado a través del espacio urbano.". Por lo demás, baste recordar que al interior de esta Zona Típica se encuentran, entre otros, los siguientes Monumentos Históricos: Palacio de La Moneda, dos Cañones de Lebu (al interior del Palacio de La Moneda), Edificio del Diario Ilustrado (actualmente Intendencia de Santiago) y la Basílica los Sacramentinos.

     

    Considerando:

     

    a) Que los proyectos e iniciativas descritas precedentemente, así como aquellas de los Gobiernos anteriores sobre estas materias, constituyen avances de gran importancia en el desarrollo de nuestras ciudades que han contribuido a mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres de nuestro país. Este progreso debe ser considerado como una plataforma que permita incentivar, encauzar y canalizar las gestiones de todos aquellos quienes hacemos ciudad. No obstante, tales avances podrían ser mayores y más efectivos de contar -nuestra institucionalidad- con un marco explícito de principios, objetivos y lineamientos contenidos en una Política Nacional de Desarrollo Urbano, que sirva de orientación e integración de las iniciativas en materia de urbanismo, desarrollo territorial - obras urbanas, vivienda, y edificación pública.

    b) Que con los fines descritos, con fecha 2 de abril de 2012 se creó una Comisión Asesora Presidencial, con el encargo de proponer una Política Nacional de Desarrollo Urbano, capaz de guiar el desarrollo futuro de las ciudades chilenas, conformada por las siguientes personas:

    Antonia Lehmann, Presidenta; José Ramón Ugarte, Secretario Ejecutivo; Rodrigo Pérez, Ministro de Vivienda y Urbanismo; Pedro Pablo Errázuriz, Ministro de Transportes y Telecomunicaciones; Luis Eduardo Bresciani P., Presidente del Colegio de Arquitectos; Fernando Agüero, Presidente del Colegio de Ingenieros; Daniel Hurtado, Presidente de la Cámara Chilena de la Construcción; Raúl Torrealba, Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades; Leonardo Basso, Presidente de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte; H. Diputado Patricio Hales; H. Diputado Pedro Browne; H. Senador Hosain Sabag; H. Senador Victor Pérez; Alberto Etchegaray, ex Ministro de Vivienda y Urbanismo; Carlos Hurtado; ex Ministro de Obras Públicas; Andrés Benítez, Rector Universidad Adolfo Ibáñez; Mario Ubilla, Decano Facultad de Arquitectura y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile; Leopoldo Prat, Decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile; Mathias Klotz, Decano Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño, Universidad Diego Portales; Pablo Allard, Decano Facultad de Arquitectura y Arte, Universidad del Desarrollo; Ricardo Utz, Decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, Universidad de Concepción; Nicola Borregaard, Gerenta de Energía y Cambio Climático de Fundación Chile; Amaya Irarrázaval, Presidenta de la Corporación Cultural Identidad Patrimonial; Cecilia Castro, Presidenta de la Corporación de Dirigentes "También Somos Chilenos"; Alexandra Petermann, Directora de la Asociación de Áreas Silvestres Protegidas Privadas; Julio Poblete, Arquitecto Presidente de la Fundación Mi Parque; Iván Poduje, Arquitecto, y Gonzalo Mardones, Arquitecto.

    c) Que la necesidad de dotar al pais de una Política Nacional de Desarrollo Urbano tiene su fundamento en las siguientes consideraciones:

1.  Que alrededor del 87% de los chilenos vive actualmente en ciudades y centros poblados, fenómeno que posiciona a nuestro país como uno de los más urbanizados del mundo;

2.  Que la urbanización ha permitido a la ciudadanía cubrir sus necesidades básicas y acceder a importantes beneficios, tales como empleo, salud, servicios, actividad comercial, educación, cultura y esparcimiento;

3.  Que las ciudades y centros poblados son órganos complejos y dinámicos y a la vez fuente y reflejo de la sociedad que los habita, que influyen en la calidad de vida de las personas y en su identidad cultural;

4.  Que nuestro ordenamiento jurídico e institucionalidad presentan dificultades para enfrentar los problemas y desafíos que plantea tanto la administración de las ciudades como su desarrollo futuro;

5.  Que hay comunas y ciudades chilenas que adolecen de problemas de segregación social y falta de acceso a los bienes públicos urbanos básicos, como el transporte, la dotación de servicios y de equipamiento;

6.  Que el proceso de transformación de las ciudades y centros poblados se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, confluyendo múltiples intereses y aspiraciones que resulta necesario canalizar a través de mecanismos formales y adecuados;

7.  Que el desafío de acercar la planificación a las personas requerirá cambios institucionales en materia de regionalización y reestructuración de las facultades de los gobiernos locales;

8.  Que es necesario propiciar a la armonización de diferentes leyes e instrumentos que inciden en la utilización del territorio, con instalaciones de infraestructura y construcciones para el desarrollo de actividades productivas, otorgando reglas claras para las inversiones tanto públicas como privadas;

9.  Que las transformaciones en materia de desarrollo urbano y territorial producen efectos en múltiples ámbitos y escalas, por lo que, necesariamente, se deberán enfrentar de forma gradual y en la medida que las condiciones económicas y administrativas del país lo permitan;

10.  Que los programas de vivienda deben adecuarse a los tiempos actuales e incorporar nuevos mecanismos que permitan dar respuesta eficaz y oportuna a las distintas necesidades de la población;

11.  Que es necesaria una mirada integral del territorio, que reconozca los valores de la ruralidad y las características propias de las diferentes localidades;

    d) Que por tratarse de una Política Nacional que abarca materias que exceden las funciones de un Ministerio en particular, se realizó un trabajo conjunto con la participación de los  Ministerios de Interior y Seguridad Pública; Vivienda y Urbanismo; Obras Públicas; Transportes y Telecomunicaciones; Hacienda; Medio Ambiente; Agricultura; Economía, Fomento y Turismo; Defensa Nacional; Energía y Bienes Nacionales;

    e) Que la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Urbano elaborada por la Comisión Asesora se llevó a cabo sobre la base de un estudio de políticas de desarrollo urbano aprobadas en distintos países; un estudio de iniciativas anteriores realizadas en Chile para la formulación de una Política de Desarrollo Urbano, y estudios de diagnóstico sobre las materias relacionadas con el desarrollo urbano, antecedentes que fueron editados y se encuentran a disposición de la ciudadanía en internet, a través del sitio www.pndu.cl;

    f) Que en la elaboración de la citada propuesta de Política participaron activamente las 15 regiones del país, en diversas instancias y talleres realizados en cada una de las capitales regionales;

    g) Que la implementación de los objetivos y lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano estará sujeta a las iniciativas legales y reglamentarias que sean necesarias para su correcta materialización; al Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social; a las prioridades que fijen los respectivos Gobiernos, y a la disponibilidad presupuestaria contenida en las distintas leyes de Presupuestos del Sector Público;

    h) Que en su calidad de política constituye un instrumento orientador e indicativo dirigido al país, en el que se establecen principios, objetivos y lineamientos a nivel nacional,

     

    Decreto:

     

    Artículo 1º.- Apruébase la Política Nacional de Desarrollo Urbano a que se hace referencia en los vistos y que se adjunta al presente decreto; política que tiene como objetivo central el generar condiciones para una mejor calidad de vida de las personas; reconoce como principios rectores los de gradualidad, descentralización, equidad, integración social, participación, identidad, compromiso, calidad, eficiencia, adaptabilidad, resiliencia y seguridad; formula objetivos generales dentro de cinco ámbitos temáticos, como son el de Integración Social, Desarrollo Económico, Equilibrio Ambiental, Identidad y Patrimonio, e Institucionalidad y Gobernanza, determinándose dentro de cada uno los siguientes objetivos específicos:

     

1.  Integración Social

    1.1. Garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos

    1.2. Revertir las actuales situaciones de segregación social urbana

    1.3. Evitar el desarrollo de nuevas situaciones de segregación social urbana

    1.4. Reducir el déficit habitacional

    1.5. Implementar una política de suelo para promover la integración social

    1.6. Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de comunidades

    1.7. Incrementar la conectividad, la seguridad y la accesibilidad universal

    1.8. Propiciar la integración social el y con las localidades apartadas

     

2.  Desarrollo Económico

    2.1. Generar condiciones urbanas que fomenten el desarrollo económico, la innovación y la creación de empleo

    2.2. Integrar la planificación urbana con los programas de inversión

    2.3. Considerar los efectos sociales de los proyectos públicos y privados y corregir imperfecciones del mercado de suelo

    2.4. Fortalecer la competitividad de las ciudades y su conexión al mundo

    2.5. Establecer reglas que otorguen certeza al desarrollo de proyectos

    2.6. Incrementar la calidad de los Instrumentos de Planificación Territorial

    2.7. Velar por la eficiencia de las inversiones en infraestructura pública en la ciudad y el territorio

    2.8. Racionalizar los costos de transporte de personas y bienes

    2.9. Facilitar los ajustes de la planificación a nuevos escenarios

     

3.  Equilibrio Ambiental

    3.1. Considerar los sistemas naturales como soporte fundamental en la planificación y diseño de las intervenciones en el territorio

    3.2. Identificar y considerar los riesgos naturales y antrópicos

    3.3. Gestionar eficientemente recursos naturales, energía y residuos

    3.4. Medir y monitorear variables ambientales urbanas

    3.5. Fomentar el uso sustentable del suelo en ciudades y áreas de expansión

    3.6. Fomentar la movilidad urbana a través del uso compartido del espacio público

     

4.  Identidad y Patrimonio

    4.1. Valorar el entorno físico, construido o natural, formador de la identidad de las comunidades

    4.2. Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica

    4.3. Conocer, valorar, proteger y gestionar el patrimonio cultural

     

5.  Institucionalidad y Gobernanza

    5.1. Sistema descentralizado de decisiones urbanas y territoriales

    5.2. Reorganización de potestades públicas en cuatro escalas territoriales: comunal, metropolitana, regional y nacional

    5.3. Sistema de planificación integrado

    5.4. Participación ciudadana efectiva

    5.5. Sistema de información territorial único y completo

    5.6. Sistema de medición de la calidad del desarrollo urnano

    5.7. Sistemas expeditos de aprobación de iniciativas públicas y privadas

    5.8. Continuidad, permanencia e implementación de esta Política

     

    Artículo 2º.- Derogado.Decreto 10, VIVIENDA
Art. 12
D.O. 12.09.2023     

     

    Anótese, tómese razón y publíquese.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Rodrigo Pérez Mackenna, Ministro de Vivienda y Urbanismo.- Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública.- Cristián Larroulet Vignau, Ministro Secretario General de la Presidencia.- Félix de Vicente Mingo, Ministro de Economía, Fomento y Turismo.- María Carolina Schmidt Zaldívar, Ministra de Educación.- Loreto Silva Rojas, Ministra de Obras Públicas.- Bruno Baranda Ferrán, Ministro de Desarrollo Social.- Pedro Pablo Errázuriz Domínguez, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones.     

    Lo que transcribo para su conocimiento.- Francisco Javier Irarrázaval Mena, Subsecretario de Vivienda y Urbanismo.